Caso Uchuraccay

Autor/es Comisión de la Verdad y Reconciliación

Serie documental Audiencias Públicas Huanta - CVR

Colección Defensoría del Pueblo

Periodos de gobierno 1980 - 1985: Fernando Belaunde

Periodo de la violencia 1983 - 1985: La militarización del conflicto

Escenario de la violencia Región Sur Central

Autoría Material estatal

Idiomas Castellano

Tipo de material Testimonios

Acceso del material Acceso abierto

Fecha de ingreso Miércoles, 02 Noviembre, 2022

Sumilla

SUMILLA

 

Caso Nº 1

 Ap. Huanta

 

Caso : Uchuraccay

Tipo de violación : Asesinato (linchamiento)

 

 

Datos de las Víctima

 

Nombres y apellidos : Octavio Rodrigo Infante García 

Ocupación : Periodista

 

Nombres y apellidos : Pedro Sánchez Gaviria 

Ocupación : Periodista

 

Nombres y apellidos : Jorge Mendevil Trelles

Ocupación : Periodista

 

 

Nombres y apellidos : Oscar Willy Retto Torres

Ocupación : Periodista

 

 

Nombres y apellidos : Daniel Eduardo dela Pinela Palao

Ocupación : Periodista

 

 

Nombres y apellidos : Amador Ulpiano García Yanqui

Ocupación : Periodista

 

 

Nombres y apellidos : Felix Gavilán Huaman      PRIMERO

Ocupación : Periodista

 

Nombres y apellidos : Jorge Ramón Sedano Falcón 

Ocupación : Periodista

 

Nombres y apellidos : Juan Argumedo García

Ocupación : Guía 

 

Nombres y apellidos : Severino Huascar Morales Ccente 

Ocupación : Campesino 

 

 

Condición de las víctimas :   Asesinadas 

Fecha de la violación : 26 de enero de 1983 /

Hora Aproximada : Entre 4 y 6 pm.

Lugar de la violación : Comunidad de Uchuraccay

Distrito : de Santillana

Provincia : Huanta

Presuntos perpetuadores : Comuneros de Uchuraccay (autoría directa), patrulla de la infantería de Marina que azuzó a los comuneros contra la presencia de extraños (autoría intelectual), general EP Clemente Noel Moral (autoría intelectual y obstrucción a la acción de la justicia)

Año y período de gobierno : En el gobierno de Fernando Belaunde Terry

 

 

ANTECEDENTES

 

En diciembre de 1982, en respuesta a la agudización de las acciones armadas llevadas a cabo por Sendero Luminoso en Ayacucho, el gobierno del arquitecto Fernando Belaunde entrega el control político y militar de la zona al general EP Roberto Clemente Noel Moral, quien así se constituye en la máxima autoridad de la zona. La policía es desplazada por el Ejército y la Marina en las tareas de combate a la subversión. 

 

El comando político-militar encabezado por Noel diseña una estrategia de combate a los insurgentes que incluye la activa participación de las comunidades del lugar en la represión y eliminación los mismos, actividad que es estimulada mediante la denominada “ayuda cívica” (reparto de alimentos, medicinas y otros bienes.)

 

Hacia finales de 1982 y principios de 1983, la zona alta de Huanta, donde se ubica la comunidad de Uchuraccay, era escenario de las actividades de Sendero, cuyas escuadras recorrían la zona obligando a los campesinos a participar en sus actividades proselitistas y a proveerlos gratuitamente de alimentos. Según se conocerá después, los campesinos del lugar estaban muy mortificados por los atropellos de que eran objeto por parte de los senderistas.

 

Unos días antes del asesinato de los periodistas pasa por Uchuraccay una patrulla de la Marina que -según testimonios de los comuneros grabados por el periodista ayacuchano Luis Morales el 30 de enero-, llaman a los comuneros a atacar a cualquier extraño: “los amigos llegan por aire, los enemigos por tierra”, les dicen.

 

El 20 de enero de 1983, comuneros de Huaychao, una localidad ubicada cerca de Ucchuracay dan muerte a siete presuntos senderistas.

 

El 22 de enero de 1983, comuneros de Uchuraccay, en las alturas de la provincia de Huanta, matan a cinco presuntos senderistas.

 

De acuerdo con informaciones recogidas con posterioridad a la masacre de los hombres de prensa, hasta ese momento sumaban 26 los supuestos senderistas muertos por los comuneros en las alturas de Huanta. En ningún caso se abrió investigación policial alguna.

 

El 23 de enero de 1983 el general Noel ofrece una conferencia de prensa en Huamanga, Ayacucho, en la que da cuenta de lo ocurrido en Huaychao, destacando que es el primer caso de autodefensa de una comunidad. En la misma el militar hace un llamado al resto de comunidades ayacuchanas a seguir la actitud de la referida. 

 

Ese mismo día, en conferencia de prensa realizada en Palacio de Gobierno, el presidente Belaunde se refiere a los acontecimientos de Huaychao como un acto de resurgimiento de Ayacucho, como resultado de una acción gallarda.

 

 

RESUMEN DE TESTIMONIO:

 

El 26 de enero de 1983 ocho periodistas de distintos medios de Lima –Eduardo De la Piniella, Pedro Sánchez, Willy Retto, Jorge Mendívil, Jorge Sedano y Amador García– y Ayacucho –Félix Gavilán y Octavio Infante–, así como su guía Juan Argumedo y el comunero Severino Morales Ccente, son asesinados en la localidad de Uchuraccay, en las alturas de la provincia de Huanta, Ayacucho.

 

A las 6 y 20 de la mañana de ese día, ocho periodistas y sus guías emprenden viaje hacia Huaychao con el propósito de investigar qué fue lo que en realidad ocurrió en esa localidad. Sospechan que las víctimas fueron asesinadas por fuerzas por las fuerzas del orden. Llegan en un taxi –conducido por Salvador Luna Ramos– hasta Yanahorcco y de allí prosiguen el viaje a pie y a caballo.

 

Hay indicios de que el viaje es de conocimiento del jefe político militar de Ayacucho, general EP Clemente Noel Moral, así como de los jefes departamentales de la Policía de Investigaciones del Perú y de la Guardia Civil. Por ejemplo, después del crimen se revelará que el taxista Luna Ramos es un informante de las fuerzas de seguridad. Asimismo, durante el viaje hacia las alturas de Huanta, la comitiva de reporteros atraviesa algunos controles militares. En ningún momento son advertidos de la peligrosidad de la zona.

 

Hacia las 4 y 30 de la tarde los periodistas y el guía llegan hasta la casa del teniente gobernador, Fortunato Gavilán, con quien entablan comunicación Félix Gavilán y Octavio Infante, ambos quechua hablantes.

 

Según testimonios judiciales recogidos entre comuneros de Uchuraccay, mientras los hombres de prensa se encuentran dentro de aquella casa, la mujer del teniente gobernador, Ignacia Gálvez Ñaupa, sale a dar aviso al personal policial-militar –que se encontraba en el local comunal– que han arribado senderistas a atacar a la comunidad. Las fuerzas del orden interceptan a las víctimas a la altura de la casa de Teodora Soto Ticlla –quien aparece en la foto de Willy Retto junto con su hijo Antonio Chávez Soto- y las despojan de sus pertenencias.

Una gran cantidad de comuneros se congrega alrededor de los periodistas y, alentados por la fuerza militar-policial, la emprenden a golpes con ellos. Los atacantes emplean palos, machetes, piedras y atacan a hondazos a quienes pretenden huir. La defensa que algunos de las víctimas intentan es quebrada por la superioridad numérica y las armas de los agresores. El ataque culmina con la muerte de los hombres de prensa.

 

Posteriormente los comuneros darán muerte al guía Argumedo, capturado por comuneros de Uchuraccay cuando regresaba a su fundo luego de dejar a los periodistas, y al comunero Severino Morales Ccente, quien se opuso al asesinato del guía.

 

Los cuerpos de los periodistas victimados son enterrados semidesnudos, de a dos y de cara a la tierra. Conocedores de las costumbres del lugar advertirán después que esa no es la forma como habitualmente se entierra a los muertos –propios o extraños– en Uchuraccay. Cabe anotar que sólo Morales Ccente es enterrado en el cementerio de Ucchuraccay. 

 

Durante la posterior investigación judicial se sindica como autores del crimen múltiple a: Fortunato Gavilán García (teniente gobernador de la localidad), Olimpio Gavilán Huaylla, Simeón Aucatoma Quispe (vara mayor de la comunidad), Juan Ayala Cahuana, Daniel Chocce Ayala, Mariano Ccasani Gonzáles, Silvio Chávez Soto (secretario del teniente gobernador), Antonio Chávez Soto, Dionisio Ccente Aucatoma, Santiago Ccente, Celestino Ccente Figueroa, Mariano Figueroa Rojas (agente municipal), Lorenzo Figueroa Ccunto. Dionisio Morales Pérez (presidente de la comunidad), Dionisio Ramos Ricra, Teodora Soto Ticlla, Francisco Ñaupa Ticlla y Ignacia Gálvez Ñaupa.

 

 

SUCESOS POSTERIORES

 

En los días siguientes, previos a la ubicación y exhumación de los cuerpos de los periodistas, el general Clemente Noel Moral, jefe político militar de Ayacucho, se negará a atender la demanda de los corresponsales de prensa enviados a esa ciudad para que disponga que un helicóptero busque a los desaparecidos.

 

El 27 de enero de 1983, reporteros de Caretas llegan a Huaychao en un helicóptero del Ejército, donde se informan de que otros periodistas habían ido a Uchuraccay y toman fotos de los siete supuestos senderistas asesinados el 20 en ese lugar.

 

Ese mismo día Juana Lidia Argumedo –hermana del guía Juan Argumedo- tiene la primera noticia de la masacre enviada mediante mensajero por unos vecinos y amigos que viven cerca de Uchuraccay. Entonces decide ir al lugar acompañada de su madre Rosa García de Argumedo (también madre de Octavio Infante) y de su cuñada Julia Aguilar de Argumedo. 

 

Al llegar son detenidas y encerradas en el local comunal bajo la acusación de ser colaboradoras del terrorismo. Los comuneros estaban muy excitados por el consumo de coca y alcohol.  Allí confirman la noticia de la tragedia y también constatan la presencia de un personaje extraño, que habla fluidamente el castellano y que tiene ascendiente sobre las autoridades comunales. Finalmente, después de un “juicio popular” realizado el 28 de enero, consiguen salir del lugar.

Luego de recibir una orden proveniente desde Ayacucho para salir en busca de los desaparecidos periodistas, en la noche del 28 de enero de 1983 llega una patrulla mixta –infantes de Marina y policías– a Uchuraccay y reciben un informe de lo ocurrido. Al día siguiente recogen de manos de las autoridades comunales las cámaras fotográficas, carnets de identificación y otras pertenencias de los periodistas y reconocen las fosas en las que éstos están enterrados. Sin embargo, el teniente AP Ismael Bravo Reid, jefe de la patrulla, omite consignar las cámaras en la respectiva acta de recepción. Posteriormente, en sus primeras declaraciones judiciales, el marino afirmará –pese a las evidencias– que en ese momento no pudo determinar que los asesinados eran los periodistas. Todo esto evidencia un propósito de ocultamiento de los hechos por parte del jefe de la patrulla, con el fin de privar a la justicia de pruebas valiosas. 

 

El 29 de enero de 1983 se conoce en Ayacucho de la muerte de los 8 periodistas por información proporcionada por José Argumedo García, hermano del guía asesinado.

 

El 30 de enero de 1983, a las 8 am., llega hasta Uchuraccay un segundo contingente militar-policial, que se informa del asesinato de los periodistas y de la presencia anterior de la patrulla dirigida por Bravo Reid, pero que no toma ninguna medida para esclarecer el crimen.

 

Ese mismo día arriba al lugar un grupo grande de periodistas y parlamentarios, así como el juez Hugo Molina Ordóñez y un fuerte contingente militar y policial. Los cuerpos de los periodistas asesinados son exhumados y conducidos a Ayacucho para la  autopsia de ley.

 

La exhumación es conducida por el juez Molina Ordóñez, del juzgado de instrucción de Huamanga, quien, a pesar de carecer de jurisdicción –ya que el delito se produjo en Huanta-, acude a pedido del general Noel. El juez y el fiscal de Huanta, a quienes la PIP  había pedido el 29 de enero que esperen a las 5:30 am. del día siguiente el arribo de un helicóptero en el estadio de esa localidad, para trasladarlos hasta Uchuraccay a que procedan a la exhumación, esperan en vano la llegada de la nave. Una contraorden de Noel los deja de lado y privilegia la actuación del juez Molina. 

 

El general Noel sostiene un absurdo que el ataque a los periodistas se produce porque los comuneros los confundieron con senderistas, ya que llegaron –según él- portando una bandera roja y gritando arengas subversivas. El crimen, según el militar habría sido resultado de la imprudencia de los periodistas y de la ignorancia de unos comuneros quienes, según él confundieron las cámaras fotográficas con armas de fuego. Los hechos posteriores desmentirán al militar.

 

El gobierno del arquitecto Belaunde dispone la constitución de una Comisión Investigadora, presidida por el escritor Mario Vargas Llosa e integrada por el ex magistrado Abraham Guzmán Figueroa y el decano del Colegio de Periodistas del Perú, Mario Castro Arenas. La Comisión cuenta además con la asesoría de un equipo integrada por antropólogos, juristas y un psicoanalista. Se establece que su propósito es encontrar la verdad de lo ocurrido y que no tiene atribuciones judiciales.

El 11 de febrero la Comisión Investigadora acude a Uchuraccay, donde permanece tan solo cuatro horas. Se reúne con los comuneros, en presencia de una dotación militar armada, enviada por el general Noel para brindar seguridad al encuentro.

 

A principios de marzo la “Comisión Vargas Llosa” emite su informe. No señala ninguna responsabilidad concreta en relación con el crimen y mas bien asume que la responsabilidad es de la sociedad entera. Señala que la primera responsabilidad de lo ocurrido corresponde a Sendero Luminoso. De acuerdo con el extenso documento que emite, la actitud de los comuneros contra los periodistas se explica por el extremo “aislamiento” en que esta vive.

 

La investigación policial realizada adolece de serias deficiencias, al punto que se hace en tan solo 24 horas. Los investigadores no toman declaraciones a los comuneros, no realizan una inspección técnico-policial en el lugar de los hechos, no recogen pruebas e indicios, no concurren a las necropsias. Tampoco detienen a nadie, a pesar que muchos de los participantes en el crimen se habían autoinculpado públicamente, según obra en la abundante información de prensa de entonces y en sus posteriores declaraciones judiciales. Existe un evidente afán de encubrir el crimen. 

 

La investigación judicial se realiza con abundancia de irregularidades y trabas. El juez instructor ad-Hoc de Huanta, Juan Flores Rojas, quien posteriormente será recusado por los familiares de las víctimas, demuestra una actitud pasiva y no efectúa una serie de actos procésales necesarios para el esclarecimiento de los hechos: así, el 11 de febrero acude hasta Uchuraccay y se encuentra con la Comisión Vargas Llosa. A pesar de encontrarse frente a los presuntos autores y testigos del crimen, no interroga a nadie ni intenta su identificación. Tampoco interroga a Rosa García Argumedo y Juana Aguilar, para oír las razones por las que fueron secuestradas en el lugar tras llegar en busca de su pariente Juan Argumedo (quien después aparecería muerto). Este juez no se interesa por indagar acerca de la presencia de infantes de Marina en Uchuraccay en los días previos a la masacre; ni ordena la inmediata detención de Daniel Chocce Ayala, a pesar en sus declaraciones éste admite haber participado en el crimen. 

 

También dispone la libertad incondicional del sospechoso Celestino Ccente Figueroa, quien después será asesinado luego que el Tribunal de Ayacucho revocara la disposición del juez. Sus interrogatorios a los testigos inducen las respuestas de los mismos.

 

Durante las investigaciones judiciales el comando político militar niega apoyo al juez y al fiscal encargado de las investigaciones y no atiende las órdenes de captura emitidas por éste. Asimismo, en cierto momento, una patrulla militar traslada a otro lugar el cadáver de Argumedo –enterrado por los comuneros de Uchuraccay al borde de un riachuelo y cerca de un camino que lleva a Huanta– para frustrar la exhumación fijada por el juez para el 11 de enero de 1983.

 

Estas irregularidades impiden un rápido esclarecimiento de los hechos y la captura de los responsables, quienes consiguen eludir a la justicia. Posteriormente, muchos de los testigos y presuntos responsables serán asesinados en circunstancias sospechosas –que indican el claro afán de encubrir el crimen– o desaparecerán. Otros testigos serán amenazados para que no declaren o para que desinformen a los magistrados. Juana Lidia Argumedo, hermana del guía Argumedo, será detenida y violada por efectivos militares, quienes incluso promovieron una acción judicial en su contra por supuesto delito contra la administración de justicia con al propósito de desvirtuar su testimonio.

 

El 26 marzo de 1985, después de una reunión con el Fiscal de la Nación, César Elejalde Estensoro, el fiscal de Ayacucho, Óscar Guerrero Morente, quien inicialmente había pedido 25 años de internamiento para los inculpados, retira los cargos contra tres de estos –Dionisio Morales Pérez, Mariano Ccasani Gonzalez y Simeón Auccatoma Quispe– luego de haber recusado al presidente del Tribunal que veía la causa.

El juicio oral contra unos pocos comuneros inculpados se inició el 25 de noviembre de 1985 y culminó 16 meses después.

 

El crimen quedó prácticamente impune, ya que apenas fueron condenados tres integrantes de la comunidad campesina del lugar y no hubo sanción alguna para ninguno de aquellos a quienes se sindicó como autores intelectuales del hecho, en particular para el jefe del comando político militar de Ayacucho, general Clemente Noel Moral. La mayoría de los comuneros directamente involucrados en la masacre no fueron capturados y algunos murieron asesinados en extrañas circunstancias.

 

En marzo de 1987 un Tribunal Especial sentencia a los comuneros Dionisio Morales Pérez, Simeón Aucatoma Quispe y Mariano Concepción Ccasani González a 10, 8 y 6 años de penitenciaría respectivamente. Asimismo, establece como atenuantes de su responsabilidad la condición “semicivilizada” de los campesinos y la instigación de que fueron objeto por las fuerzas del orden.

 

El mismo tribunal rechaza una petición para enjuiciar al arquitecto Fernando Belaunde, a quien ni siquiera llama a testimoniar. Igualmente desestima la acusación contra el general Noel como autor intelectual del crimen. En cambio, acepta la acusación contra éste, un oficial de la Marina y 6 miembros de la Policía, por delitos contra la administración de justicia , contra los deberes de función y abuso de autoridad.

 

De manera sospechosa, el juez Enrique Colfer, del 27° Juzgado de Instrucción de Lima, deja pasar el tiempo y permite la prescripción de los delitos por los cuales fue encausado Noel.

 

Según puede verse de los hechos relatados, existió una actuación concertada –de la que participaron tanto autoridades policiales y militares, como judiciales- con el propósito de encubrir el asesinato de los periodistas y sustraer a sus autores de la acción de la justicia.

Igualmente, el crimen fue el resultado de la estrategia de “guerra sucia” emprendida por el Estado y sus fuerzas de seguridad para combatir a la subversión. 

 

 

DATOS DE LOS TESTIMONIANTES:

 

Nombres y Apellidos : Señora Alcira Velásquez viuda de Sedano

Ocupación : Modista

Lengua en la que rinde el testimonio : Castellano

 

Nombres y Apellidos : Señora Eudocia Reynoso viuda de Gavilán.

Ocupación : Ama de casa

Lengua materna : Quechua

Lengua en la que rinde el testimonio : Castellano 

 

 

Nombres y Apellidos : Gloria Mendívil de Trelles

Ocupación : Ama de casa

Condición de la testimoniante : Madre de la victima

Lengua materna : Quechua

Lengua en la que rinde el testimonio : Castellano